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    apartamentua - La Manga del Mar Menor (LA MANGA)

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    apartamentua - La Manga del Mar Menor (LA MANGA)

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    Salmenta 111.000 €  

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    pisu - Calpe (Calpe)

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    pisu - Calpe (Calpe)

    • 02834
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    pisu - Calpe (Calpe)

    • 02898
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    Salmenta 69.000 €  

    Merkataritza-lokala - Barakaldo (Centro)

    • 03051
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    Salmenta 135.000 €  

    pisu - Colindres (Centro)

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    Salmenta 118.000 €  

    pisu - Santoña (Puerto)

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    albisteak

    2022-01-20
    En los últimos días se ha hablado mucho del bono al alquiler para los jóvenes después de la aprobación definitiva por parte del Gobierno de esta ayuda que pretende cubrir a determinadas personas de entre 18 y 35 años que no llegan a ciertos ingresos. Lo cierto es que, al margen de esta nueva asistencia, el Estado también tiene otros bonos para diferentes colectivos como, por ejemplo, los pensionistas que reciben pensiones no contributivas. La Seguridad Social contempla el pago de una cantidad fija anual para las personas que cobren una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez y que vivan de alquiler. Es lo que se denomina 'Complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada', una prestación gestionada por el IMSERSO. En concreto, este bono consiste en un pago único al año de 525 euros. No se prorratea entre meses, se recibe una vez al año y solo se otorga a una persona por contrato de alquiler: el titular de dicho contrato o, en caso de haber varios, la persona que aparezca en primer lugar en ese contrato de alquiler.   Al margen de cobrar una pensión no contributiva (ya sea de jubilación o de invalidez), las personas que deseen cobrar esta ayuda deben acreditar otra serie de requisitos. De acuerdo con la página web del IMSERSO, son los siguientes: -Carecer de vivienda en propiedad. -Ser titular de un contrato de arrendamiento. -Que la vivienda objeto de ese contrato sea la residencia habitual del titular del contrato. Para ello debe residir en ella al menos 180 días antes de la fecha de solicitud y el contrato de arrendimiento ha de ser de al menos un año de duración. -No tener una relación de parentesco con el arrendador hasta tercer grado, ni una relación conyugal, ni una unión estable y de convivencia con una relación análoga a la conyugal. Cómo se solicita el bono de alquiler para pensiones no contributivas Para solicitarlo, los interesados han de rellenar un formulario (disponible en este enlace para las comunidades autónomas y para Ceuta y Melilla). En este formulario se han de introducir los datos personales y de contacto: nombre y apellidos, DNI, dirección, correo electrónico, teléfono móvil... También habrá que incluir datos sobre el contrato de alquiler, sobre el domicilio del pensionista que pide la pensión y sobre la persona que ha arrendado la vivienda de alquiler. Además, hay que adjuntar una copia del contrato de arrendimiento o de cualquier documento que acredite la convivencia en la vivienda (facturas de suministros, por ejemplos). La solicitud debe enviarse a "a los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra, y Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla", explica el IMSERSO. El plazo límite para solicitar la ayuda es el 31 de diciembre de cada año.
    Irakurri Gehiago...
    2022-01-18
    Al fallecer una persona los derechos y obligaciones de éste se transmiten a otra u otras, los llamados herederos que suceden al causante (fallecido) por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. Al fallecimiento del causante existen dos formas de heredar, bien cuando el fallecido previamente ha realizado testamento, o bien sin haber otorgado testamento dando lugar a la herencia intestada. La legítima estricta es la porción de bienes respecto a los cuales el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados herederos forzosos (hijos y descendientes a falta de estos padres y ascendientes y el viudo/a). La división de la herencia se realiza en tres partes: El tercio de legítima estricta que se reparte entre los descendientes a partes iguales. Si alguno de ellos ha fallecido, con anterioridad heredarán sus hijos a partes iguales. A falta de descendientes, los padres heredarán la legítima a partes iguales. El tercio de mejora, se debe repartir entre hijos y descendientes, pero no necesariamente a partes iguales. Se puede beneficiar a unos hijos frente a otros. Si no hay testamento, o éste no dice nada al respecto, el tercio de mejora se suma a la legítima y se reparte a partes iguales entre los hijos. El tercio de libre disposición el testador puede dejárselo a quien quiera (puede ser otro heredero o una tercera persona). La idea de poder desheredar a un hijo es posible, pero para ello se tiene que hacer constar en testamento pues en caso contrario esa desheredación puede considerarse nula. Además, para ello deberá de concurrir algunas de las siguientes causas: * Haber sido condenado, por sentencia firme, por atentar contra la vida o causar lesiones o ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al testador, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. * Haber sido condenado, por sentencia firme, por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es alguna de las personas a las que nos hemos referido en el punto anterior. * Acusar al testador de delito para el que la ley señala pena grave, si es condenado por denuncia falsa. * Obligar al testador, con amenazas, fraude o violencia, a hacer testamento o a cambiarlo. * Impedir a otro, por iguales medios, hacer testamento o revocar el que tenga hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro posterior.  * Negar, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda. * Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al padre o ascendiente que le deshereda. No obstante, todo lo anterior, el que pretende desheredar tiene que saber que serán los hijos del desheredado los que heredarán la parte que le corresponde (la legitima estricta) y además no afectará a las donaciones que se hayan realizado en vida.
    Irakurri Gehiago...
    2022-01-18
    Conforme el artículo 21.4 de la LAU, el Arrendatario deberá asumir las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso o por el paso del tiempo. Por pequeñas reparaciones se entenderán aquellas cuyo precio, conforme a la Doctrina jurisprudencial, sea no superior a un monto de entre 100€ a unos 150 euros, y que provengan del desgaste del uso ordinario de las cosas por parte del Arrendatario. El Arrendador deberá de asumir todas las reparaciones que no traigan consecuencia del desgaste del uso común y ordinario y sí, de una avería no atribuible al uso, es decir, aquellas reparaciones con coste superior a 150 euros y que no sean generadas por el uso ordinario (Caldera de la calefacción, electrodomésticos, fumigación por plagas siempre que el inquilino o el edificio donde se encuentre el inmueble no sea responsable, reparación de calentador...), siempre y cuando no medie culpa o negligencia del Arrendatario. Por tanto, el arrendador deberá de asumir las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad de la vivienda, y el arrendatario las pequeñas reparaciones que exijan el desgaste por el uso ordinario del inmueble. Por ejemplo, si el aire acondicionado se estropea al no ser considerado por la mayoría de los Tribunales como un elemento esencial para garantizar la habitabilidad de la vivienda deberá de asumirlo el arrendatario a diferencia de una lavadora o nevera que si son elementos esenciales. Las tuberías, techos, suelos, paredes etc... forman parte de la estructura de la vivienda, por lo que su reparación corresponde al arrendador. Las reparaciones que no forman parte de la estructura como pueden ser grifos, persianas, cerraduras, se consideran elementos de uso diario cuya reparación se suele imputar al inquilino. La caldera a pesar de ser un tema muy discutido, en el que los propios Tribunales no se ponen de acuerdo será un coste que deberá de asumir el arrendador a menos que medie culpa o negligencia del arrendatario por un mal uso. La jurisprudencia ha venido atribuyendo al arrendatario el coste de la reparación de por ejemplo la cisterna del inodoro, sifón del fregadero, cristal de puerta, grifos, antena parabólica, desatasco de tubería del fregadero, reparación de la lavadora y la campana extractora por un uso negligente etc.... Las revisiones de gas, así como cualquier otra revisión de los suministros las deberá de asumir el arrendador, ya que estas revisiones sirven para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, siendo servicios esenciales el agua caliente, el gas y calefacción.  Todas las cláusulas en las que se pacte que el arrendatario se hará cargo de las revisiones de suministros o de las reparaciones para la conservación de la vivienda serán nulas y por tanto no puestas en el contrato. (artículo 6 de la LAU).  Cuando se produzca cualquier avería en la vivienda el inquilino deberá de avisar a la arrendadora pues en caso contrario se podrá considerar responsable del mismo. Si la arrendadora hace caso omiso el inquilino podrá reparar si es urgente y a posteriori reclamar fehacientemente a la propietaria, pero en ningún caso el arrendatario deberá de dejar de pagar la renta, que es una de las obligaciones principales que tiene éste con el arrendador. 
    Irakurri Gehiago...
    2022-01-17
    El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 14 de enero el informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda elaborado por un vocal del organismo judicial. Un documento que en líneas generales avalaba la normativa, pese a detectar algunas imprecisiones y falta de justificación para poner en marcha medidas como el control de los precios del alquiler. Según explica el comunicado remitido por el CGPJ, "la propuesta de dictamen, de la que había sido ponente el vocal Álvaro Cuesta, ha sido rechazada por 15 votos a 6. De este modo, el Pleno ha estimado las alegaciones, convertidas en enmienda a la totalidad, formuladas por el vocal Enrique Lucas", basadas en "las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º". El autor de la enmienda, añade el texto, "advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”. Además, el Pleno también recalca que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”. Han votado a favor de las alegaciones el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. En cambio, los seis vocales que se han opuesto a estas alegaciones han sido Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Desde el organismo sostienen que el texto aprobado por el Pleno del órgano judicial no es vinculante, aunque va a elaborar un nuevo informe. Para ello, ha nombrado a los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas ponentes de un nuevo texto, que se debatirá en el Pleno ordinario previsto para el próximo día 27 de enero.  Así pues, el Gobierno no podrá cumplir su objetivo de llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros el próximo 18 de enero, y que deberá esperar al menos hasta el 1 de febrero para su aprobación y que el texto pueda iniciar su tramitación parlamentaria.  Los reproches al Gobierno del informe inicial El informe que ha votado hoy el Pleno del CGPJ aseguraba que el anteproyecto que ha planteado el Ejecutivo "parte de unas consideraciones generales favorables por cuanto el anteproyecto de ley constituye un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47.1". También señalaba que "pretende también garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles" y que "define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y establece un régimen básico del derecho a la propiedad privada; regula la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades en las operaciones de compra y arrendamiento de la vivienda". Sin embargo, también hablaba de una necesaria "valoración empírica" para poner en marcha el control de los alquileres y recalcaba que echaba en falta "una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas". Así, creía conveniente "establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico" e insiste en que "el hecho de que estas medidas de contención de los precios estén dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado (declaración cuya vigencia es de tres años, prorrogables), no conlleva por sí mismo un análisis empírico del resultado de su aplicación, recuerda la propuesta de informe". Además, el informe también destacaba inconcreciones e imprecisiones sobre algunos enunciados y contenidos, lo que "dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar". Por ejemplo, "la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda". Medidas que afectan al mercado del alquiler Las principales medidas que recoge el anteproyecto de la Ley de Vivienda relacionadas con el mercado del arredamiento son: Zonas de mercado residencial tensionado Las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar por tres años las zonas de mercado residencial tensionado, prorrogables anualmente si las circunstancias persisten. Esta declaración implicará planes de acción específicos para orientar las actuaciones públicas y corregir los desequilibrios detectados. Entre esas medidas, se incluye la congelación o limitación de los precios de las rentas del alquiler. Entre las condiciones para que un municipio sea declarado como zona de mercado tensionado, o algunos de sus distritos, se fija que el coste del pago de la vivienda (ya sea hipoteca o alquiler más gastos de suministros) supere el 30% de los ingresos netos medios de los hogares en ese ámbito. También se tendrá en cuenta que el precio del alquiler (o la compra) haya experimentado en los últimos cinco años una subida de, al menos, un 5% más que el porcentaje de crecimiento del IPC de cada autonomía. Congelación de rentas para inquilinos actuales En las áreas de mercado residencial declaradas tensionadas, los arrendatarios actuales podrán acogerse a una prórroga extraordinaria del contrato en vigor con carácter anual y por un período máximo de tres años. Esta medida entrará en vigor cuando la zona sea declarada tensionada. Congelación de nuevos contratos de alquiler En las áreas tensionadas, para los nuevos contratos de viviendas, ya en el mercado de alquiler, se podrá limitar la renta a la del contrato anterior con el incremento del IPC correspondiente. Y en algunos casos, se podrán permitir subidas adicionales hasta un máximo de un 10% en determinados supuestos, como las mejoras en el hogar, rehabilitación de la vivienda o cuando se firmen arrendamientos por periodos de 10 años o más. Además, se establecerán mecanismos excepcionales de contención y bajada de precios del alquiler en estas zonas, ya sea para aumentar la oferta o para impedir incrementos abusivos de la renta. Se incentivará fiscalmente la bajada de precios. Figura del gran tenedor  La Ley de Vivienda define como gran tenedor a aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 viviendas -excluyendo garajes y trasteros- o de una superficie construida de más de 1.500 m2. En zonas de mercado tensionado, las administraciones que las declaren podrán establecer criterios adicionales, solo a los efectos de solicitar información adicional sobre los parques de vivienda que gestionen. Límite al alquiler (periodo de 18 meses para aplicar un índice de precios) En las áreas declaradas tensionadas, cuando el propietario sea una persona jurídica y gran tenedor, la renta de los nuevos contratos estará limitada por el contrato anterior o por el límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Se abre un periodo de 18 meses desde la aprobación de la Ley para establecer dicho índice y aplicar esta limitación. Si tenemos en cuenta que la tramitación parlamentaria podría prolongarse durante meses y ese periodo de gracia, los límites de rentas del alquiler a grandes tenedores llegarían en 2024. Es decir, una vez terminada la presente legislatura. Estímulos fiscales a los pequeños propietarios Se estimulará fiscalmente el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. En los nuevos contratos, se establece una deducción general del 50% que podrá incrementarse hasta el 90% si se firma en una zona de mercado tensionado, en función de unas condiciones: Bajada de la renta en una zona declarada tensionada (90%). Cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior. Alquiler de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años (70%). Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes. En caso de nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35 años en dichas áreas Vivienda asequible incentivada o protegida (70%). Vivienda arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler. Rehabilitación o mejora (60%). En caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores. Otras medidas El texto también incluye medidas destinadas a movilizar la vivienda vacía, aumentar el parque público de viviendas, la creación del Consejo Asesor de Vivienda, dotar de más garantías a la compra o el alquiler de vivienda o la reserva del 30% de la obra nueva a VPO Una ley que tardará en entrar en vigor El anteproyecto fue aprobado por el Gobierno a finales de octubre, en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, aunque entonces se abrió un periodo de alegaciones. Durante ese trámite se presentaron 90 alegaciones en tiempo y forma por diferentes instituciones, entidades y particulares, según informaron fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Posteriormente el texto llegó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que pudiera elaborar un informe. El objetivo del Gobierno era volver a llevar el texto al Consejo de Ministros para su aprobacion el próximo martes 18 de enero, tras recibir el visto bueno del informe que hoy ha tumbado el pleno del órgano judicial. El nuevo texto será votado el próximo 27 de enero, por lo que no llegaría al Consejo de Ministros hasta el martes 1 de febrero. El paso siguiente será que la Ley de Vivienda inicie su tramitación parlamentaria y, según prevé el Ejecutivo, que esté en vigor en la segunda mitad de este año.
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